La octava ley educativa de la democracia fue promulgada a finales de 2020 con el objetivo explícito de revertir los cambios implementados por la LOMCE (la ley Wert de 2013, aprobada por el Partido Popular). Específicamente, se buscó revertir aquellos cambios que encontraron una mayor oposición y ajustar la legislación a los desafíos actuales en el ámbito educativo, en línea con los objetivos establecidos por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030, tal como se expresa en el preámbulo de la norma. Estas intenciones se reflejan en diversas iniciativas que buscan, al igual que en muchos países de la OCDE, reducir al mínimo la repetición de cursos y transformar qué y cómo se enseña, con el objetivo de lograr que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos.
Además, se establecen mecanismos para abordar la segregación existente entre las redes educativas públicas y concertadas (privadas subvencionadas), eliminando el blindaje a la expansión de esta última que fue introducido por la ley Wert. Estos cambios generaron protestas por parte de una parte significativa de las instituciones de educación concertada. También surgieron polémicas en torno a la transición hacia un enfoque de aprendizaje por competencias y las facilidades (consideradas excesivas por sus críticos) para el progreso de curso y obtención de titulaciones. Además, algunas administraciones, como Madrid, mostraron descontento ante la insistencia de la ley en temas como la igualdad de género, la sexualidad o los Objetivos del Milenio de la ONU. Será necesario esperar un tiempo para evaluar los resultados de la nueva ley, aunque es importante tener en cuenta que esta norma fue promulgada sin consenso, al igual que las anteriores, y que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, a más tardar en diciembre del próximo año, lo que podría generar cambios en el proceso.
Fuente: elpais.com