La Universidad de Murcia se enfrenta a múltiples desafíos. Mientras las protestas por la situación de la Escuela de Enfermería de Cartagena continúan desde la semana pasada, hoy las facultades de Derecho, Educación y Letras de la misma universidad han protagonizado un nuevo episodio de manifestaciones.
En la Facultad de Derecho, una de las facultades más destacadas de la Universidad de Murcia, se planea eliminar un grupo de cada curso y aumentar el número de estudiantes de primer año, lo cual generará condiciones de estudio "peores y más masificadas" para los estudiantes. Los portavoces de los alumnos afirman que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no garantiza nada. Además, critican la gestión deficiente de la Dirección General de Universidades, encabezada por una persona proveniente de una universidad privada, lo que resulta en una falta de financiamiento adecuado por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). No es la primera vez en 2023 que se señala la supuesta negligencia de la institución, que aparentemente beneficia únicamente a la UCAM.
La sentada pacífica ha evolucionado en una protesta frente al edificio Convalecencia, cerca de la sede de Delegación del Gobierno, donde tanto estudiantes como profesores han exigido al rector, José Luján, que se haga presente y dé explicaciones. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno ha aprobado las medidas que han generado la manifestación. Durante la sesión, el punto 5.2, relacionado con la oferta de plazas, fue aprobado con solo 6 votos en contra. En cuanto al punto ocho, referente a los grupos y divisiones de clases, se aprobó alrededor de la una del mediodía con 11 votos en contra y 37 a favor. Fuentes cercanas a la Universidad informan sobre la profunda insatisfacción de los decanos de las facultades de Derecho, Letras, Medicina, Óptica y Economía, así como del cuerpo docente e investigador (PDI).
El personal docente asociado se suma a las protestas, y la profesora asociada de la Facultad de Trabajo Social, Lola Gracia, destaca que "a día de hoy, el profesorado asociado, que surgió con la implementación del plan Bolonia para acercar el mundo profesional al ámbito académico, asume tanto la enseñanza teórica como la práctica, pero con la diferencia de que se nos paga una quinta parte y no se nos permite realizar investigaciones. No tenemos ese derecho". También expresan sus quejas sobre el presupuesto a la máxima autoridad de la universidad, afirmando que "el rector menciona que son los presupuestos de la Comunidad Autónoma los que impiden mejorar las tablas salariales, pero también es cierto que llevan años sin luchar por ello con la CARM. En la Facultad de Trabajo Social, el 60% del profesorado es asociado, y creo que ya es suficiente". También se quejan de que se está violando su derecho a la huelga, afirmando que "hemos establecido servicios mínimos los lunes y miércoles, pero nos están obligando a impartir clases prácticas durante esos servicios mínimos, y en teoría, esa no es la tarea de un profesor asociado".
Fuente: eldiario.es
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