La Formación Profesional en España desempeña un papel crucial dentro del sistema educativo nacional al proporcionar enseñanza técnica y práctica tanto para aquellos que buscan ingresar rápidamente al mercado laboral tras completar sus estudios como para aquellos que aspiran a mejorar sus habilidades y competencias con el fin de avanzar en sus carreras profesionales.
Dado que el propósito primordial de la FP es alinear la educación con las demandas del mercado laboral y promover la empleabilidad y el crecimiento económico, es comprensible que a lo largo del tiempo se hayan implementado diversas reformas y actualizaciones para mejorar la calidad de estos programas y su pertinencia para la economía y la sociedad españolas.
La más reciente de estas reformas es la Ley Orgánica 3/2022, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, la cual busca establecer un marco para la formación y el acompañamiento profesionales que, al mismo tiempo que contribuye al fortalecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de la economía española, pueda adaptarse con flexibilidad a los intereses, expectativas y aspiraciones de las personas en términos de cualificación profesional a lo largo de sus vidas, así como a las competencias requeridas por las nuevas necesidades productivas y sectoriales, tanto para aumentar la productividad como para generar empleo.
¿Cuál es la necesidad de una nueva legislación sobre Formación Profesional?Con el propósito de fomentar un mercado laboral más dinámico, inclusivo y competitivo, resulta imperativo implementar políticas exhaustivas y medidas coordinadas que aborden múltiples desafíos estructurales que enfrenta España en este ámbito.
Estos desafíos impactan tanto a los jóvenes como a la fuerza laboral en general, y tienen consecuencias significativas para la competitividad y la productividad del país, en particular:
Este desafío se refiere a la discrepancia entre las habilidades y competencias que poseen los trabajadores y las requeridas por el mercado laboral. En España, existe una brecha considerable entre la formación recibida por muchos trabajadores y las necesidades reales de las empresas. Esto puede atribuirse a una falta de sincronización entre la educación y la formación proporcionada y las cambiantes demandas del mercado laboral, especialmente en sectores emergentes y de alta tecnología.
A pesar de que la tasa de desempleo ha disminuido en España en los últimos años, sigue siendo relativamente alta en comparación con otros países de la Unión Europea. De hecho, el país cuenta con casi medio millón de jóvenes desempleados, lo que sitúa la tasa de desempleo juvenil en un 27,4%, muy por encima del 13,8% de la eurozona. Uno de los principales motivos es la falta de correspondencia entre la formación ofrecida y las necesidades reales de las empresas, así como la escasez de experiencia laboral entre los jóvenes y los desafíos específicos que enfrentan al ingresar al mercado laboral.
La competitividad y la productividad son esenciales para el crecimiento económico y la creación de empleo sostenible. España enfrenta desafíos en este aspecto, incluida una productividad relativamente baja en comparación con otros países de la Unión Europea.
Los propósitos de la nueva legislación sobre Formación ProfesionalLa reciente ley de Formación Profesional, resultado de un proceso de participación amplio que se inició a finales de 2020 con el Plan de Modernización de la Formación Profesional, surge en respuesta al nuevo entorno económico y social que se presenta en España. Se plantea como un mecanismo clave para mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de los jóvenes, así como para reconocer la experiencia de los trabajadores.
No es de extrañar que varios estudios señalen que aproximadamente la mitad de las ofertas laborales en España para el año 2025 requerirán candidatos con títulos de ciclos formativos.
Siguiendo el cronograma establecido por la nueva Ley de Formación Profesional, a partir del próximo año lectivo todos los centros de formación profesional deberán implementar las modificaciones introducidas por la nueva legislación, la cual entró en vigor en el año 2022 y cuya plena aplicación está programada para este curso 2024/25.
A partir de este curso, toda la formación profesional se unifica en un único sistema, que será el de Formación Profesional Dual. Esto implica que los estudiantes deberán alternar entre la formación en los centros educativos y en las empresas, siendo estas últimas corresponsables de su educación desde el primer año. Las empresas asumirán un porcentaje de los resultados de aprendizaje, que oscilará entre el 20% en los ciclos formativos básicos y entre el 25-35% de las horas de formación en los ciclos de grado medio y superior, todo ello dentro del horario lectivo. Además, se introduce la categoría DUAL Intensiva, donde las empresas asumirán entre el 35-50% de las horas de formación, y en este caso, los estudiantes recibirán una remuneración a través de becas o contratos, siendo obligatorio el contrato a partir del año 2029. Esto implica una mayor implicación de las empresas en la formación, fomenta la colaboración entre los centros educativos y el sector empresarial, y proporciona una formación más alineada con las necesidades del mercado laboral.
Uno de los cambios más significativos de la nueva ley es la desaparición del tradicional módulo de prácticas en centros de trabajo, conocido como FCT, a partir del curso 2023/24. En su lugar, se introducen nuevos módulos que ocupan esas horas, como FOL (Formación y Orientación Laboral), EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora), libre configuración y el proyecto de fin de grado.
El nuevo sistema incorpora un nuevo módulo de proyecto final aplicable a todos los niveles de los ciclos formativos. Además, los estudiantes de grado medio y superior estudiarán tres nuevos módulos: Inglés profesional, Sostenibilidad y Digitalización de los Sectores Productivos, e Itinerario Personal para la Empleabilidad.
A partir de este curso, los centros educativos podrán ofrecer Grados A, B, C, D y E, que permitirán estudiar los ciclos formativos de manera flexible y acumulable. Esto facilitará la programación de itinerarios formativos según las expectativas y necesidades del estudiante o trabajador, desde "microformaciones" hasta títulos de especialización.
El nuevo sistema reconocerá las competencias profesionales adquiridas por el alumnado mediante la experiencia laboral, lo que facilitará el avance en los diferentes grados formativos, beneficiando especialmente a aquellos trabajadores o desempleados que tengan competencias profesionales pero no estén acreditadas.
Se introducen nuevas figuras para potenciar la orientación profesional, considerada como un servicio indispensable de acompañamiento a lo largo de toda la vida laboral y la innovación en el ámbito educativo. Esta medida ha sido elogiada por expertos en educación y formación, quienes consideran que una orientación adecuada es crucial para el éxito laboral de las personas.
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