Después de la reforma del gobierno en relación a la reducción de las titulaciones de 4 a 3 años, y la implantación de 2 años de másters, la Conferencia de Rectores (CRUE) acordó por mayoría, una moratoria hasta el curso 2017 para implantar titulaciones de tres años. Sin embargo hay universidades que quieren impartirlo desde el próximo curso.
El motivo es equiparase en los estudios al resto de Europa y así mejorar la movilidad de los estudiantes y desarrollar la especialización de las carreras.
España cuenta con 82 universidades (80 imparten docencia), en conjunto más de 2.500 titulaciones de grado (todas de cuatro años salvo las de profesiones reguladas) y 3.500 de máster.
Los planes de estudios universitarios de las titulaciones oficiales de grado pasan por un procedimiento de evaluación, verificación y autorización.
Las solicitudes se presentan primero al Ministerio y más adelante, siguiendo el procedimiento administrativo establecido, llegan a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y aún no han recibido solicitudes.
Los grados oficiales (como también los másteres) requieren dos informes positivos para implantarse: uno de verificación del Consejo de Universidades y otro de autorización de la comunidad autónoma, según se redacten los planes de estudios en función de su autonomía y las características dictadas por las autoridades en relación con el EEES. Una vez presentadas en el Ministerio de Educación, las solicitudes llegan al Consejo de Universidades, que pide a las agencias de evaluación competentes (Aneca o autonómicas autorizadas) un informe para comprobar que las titulaciones propuestas cumplen los requisitos exigidos de calidad y otros del EEES. Seguidamente Aneca realiza un informe que dura aproximadamente unos tres meses)con la valoración favorable o no y puntos a mejorar. Las universidades en un plazo de 20 dias pueden presentar alegaciones. Pasado este plazo Aneca realiza una evalución final (de duración aproximada entre 4 y 6 meses) que se envía al Consejo de Universidades.
Este consejo una vez recibido lo verifica, y seguidamente cada comunidad autónoma autoriza la implantación, siempre verificada por todas las instituciones hasta llegar al Ministerio de Educación.
Aún así existe un seguimiento, una renovación de acreditaciones, etc.
Fuente: EF
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