Un análisis detallado revela la persistente brecha de género en la judicatura española, donde, a pesar de la mayoría de mujeres en las promociones, la representación en puestos de poder sigue siendo desproporcionadamente masculina.
La situación se repite anualmente: El rey Felipe VI otorgará los despachos a los 160 miembros de la 72ª promoción de la carrera judicial, la cual está mayoritariamente compuesta por mujeres (119). Estas representan el 56,2% del total de jueces en España, según los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero su presencia en los altos tribunales del país es mínima, un tema que varias asociaciones judiciales han venido denunciando desde hace tiempo.
En los órganos centrales del país, solo el 32,2% de los cargos son ocupados por mujeres, como indica el último informe sobre la estructura demográfica de la carrera judicial. En enero de 2023, solo había 14 mujeres en el Tribunal Supremo, en comparación con 50 hombres. Después de la jubilación de Inés Huerta el año anterior, actualmente solo hay 13 magistradas en dicho tribunal. En la Audiencia Nacional, según los datos del CGPJ, hay 27 mujeres y 36 hombres. Ninguna mujer ha ocupado el cargo de presidenta en ninguno de estos dos órganos. Asimismo, en los 17 tribunales superiores de justicia, la presencia masculina es predominante, siendo solo los de la Comunidad Valenciana y Extremadura los que están dirigidos por juezas.
El número de la revista Igualdad, publicado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en marzo de 2023, incluye un artículo de la magistrada Mónica García de Yzaguirre que aborda la desigualdad estructural en la carrera judicial mediante diversos datos. Por ejemplo, señala que Milagros Calvo Ibarlucea se convirtió en la primera mujer en acceder al Tribunal Supremo en 2002. En 2004, María Eugenia Alegret se convirtió en la primera mujer en presidir un tribunal superior de justicia, en Cataluña.
Por otro lado, María Luisa Segoviano fue la primera y única mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, un logro que alcanzó en 2020. De hecho, en la Sala Primera del Supremo nunca ha trabajado una mujer jueza, ya que la única actual, María Ángeles Parra, proviene del turno de juristas.
¿Por qué se perpetúa esta situación?El fenómeno de que haya más mujeres que hombres en una promoción de la carrera judicial no es nuevo, pero esto no se ha traducido en un aumento de mujeres en posiciones de poder. En otras palabras, no se puede justificar esta situación argumentando que las generaciones anteriores no tenían tantas mujeres ingresando a la carrera judicial. La magistrada Verónica Ponte, miembro del comité nacional de la AJFV, explica que muchos jueces acceden a altos cargos en el Tribunal Supremo o tribunales superiores alrededor de los 50 años, y en ese rango de edad hay más mujeres que hombres (986 frente a 788). Según Ponte, esto demuestra que a las mujeres se les exige más.
Además, Ponte señala que las mujeres suelen tener una antigüedad media mayor en estos tribunales que los hombres. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo, la antigüedad media de las mujeres es de 36,3 años, frente a los 30 años de los jueces. En la Audiencia Nacional, es de 34,4 años para las mujeres y 34 años para los hombres. Por lo tanto, la falta de ascenso de estas magistradas a puestos de gobierno en los tribunales superiores no se debe en absoluto a una menor experiencia.
Ponte, preocupada por esta barrera invisible en la Justicia, explica que la disparidad se encuentra en los nombramientos discrecionales, que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), son competencia del CGPJ. Estos cargos discrecionales, como los del Tribunal Supremo, los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y las audiencias provinciales, están mayoritariamente ocupados por hombres. Ponte argumenta que después de 45 años de vigencia de la Constitución, que establece el principio de igualdad, es hora de aplicarlo a estos nombramientos.
Sin embargo, la situación se ha visto estancada debido al bloqueo de cinco años del CGPJ y a una norma aprobada en 2021 que prohíbe al órgano realizar estos nombramientos mientras está en funciones. Con el CGPJ inactivo, los tribunales superiores han experimentado una falta de renovación en los últimos años y no ha sido posible designar nuevos jueces.
La magistrada Mónica García de Yzaguirre denuncia enérgicamente esta situación, argumentando que la falta de renovación del CGPJ y la prohibición de realizar nuevos nombramientos perpetúan la desigualdad de género en los altos cargos de la judicatura española. Según ella, esto evidencia una cultura heredada que subconscientemente invisibiliza y menosprecia a las mujeres para ocupar puestos de poder.
Un aspecto importante a considerar es el de las excedencias en la carrera judicial, donde podría radicar parte de la explicación de esta barrera invisible. El 94,4% de las excedencias son solicitadas por mujeres, lo que conlleva una pérdida de oportunidades laborales debido a responsabilidades familiares. Yzaguirre concluye que persisten hábitos que alejan la deseable corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado, lo que afecta negativamente la progresión profesional de las mujeres.