José Miguel Pérez, el vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, se quejó diciendo que el Ministerio de Educación haya “ignorado” en su estimación sobre los costes correspondientes a la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) y de la ESO en Canarias. Incumpliendo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
El consejero canario subrayó que se pretende financiar 1 de cada 5 euros por coste de alumno.
Añadió que los cambios propuestos por el Ministerio supondrán un coste “de más de 900 millones de euros para que el alumnado, finalmente, obtenga un título de un nivel de cualificación más bajo que el que habría obtenido terminando un Programa de Cualificación Profesional Inicial, o que pueda optar entre una vía académica y una vía aplicada para acceder al título de graduado a Educación Secundaria”.
El consejero recalcó que la Administración General del Estado la responsable de modificar el sistema educativo introduciendo unas nuevas enseñanzas de carácter obligatorio, “debe, por tanto, hacerse cargo también del coste completo de la financiación y no sólo del sobrecoste, que es lo que pretende el ministro Wert”.
Aunque el Ministerio ha destinado a Canarias 44 millones de euros, el “coste real de los cambios propuestos” para las islas será “casi cuatro veces más” porque apunta que el gasto por estudiante de la FPB es de 5.219 euros, mientras que en los actuales programas de cualificación profesional sería de 4.327 euros, indicó Pérez.
Por consecuente, el Ministerio “alega que ellos sólo están obligados a pagar la diferencia, mientras que el Gobierno canario defiende que están obligados a pagar el coste completo”.
En cuanto a los nuevos decretos del currículum para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, Pérez señaló que, “una vez más, se pone de manifiesto que los principios que inspiraron la Lomce eran erróneos”.