Una iniciativa colectiva formada por emprendedores, empresarios, organizaciones empresariales y sociales, escuelas de negocio y otras instituciones, que cree en la necesidad y urgencia de impulsar el emprendimiento en España como respuesta a los nuevos retos económicos del contexto nacional e internacional.
Noventa personas e instituciones, entre los que destacan las principales escuelas de negocio de España, como Eada, ESIC o IE, organizaciones empresariales como el Círculo de Empresarios, empresarios como José Llado, presidente de Técnicas Reunidas, Mónica de Oriol, presidenta de Seguriber, o Javier Santiso, director general de Telefónica Europa y emprendedores como Carlos Muñoz, fundador de Vueling, o Marek Fordor, creadoR de Atrapalo.com, se aglutinan para lanzar la plataforma 'España Emprende. Nada es imposible'
Los firmantes señalan que 'España Emprende' es la expresión de que nada es imposible 'para un país que ha sido sido y es un país de emprendedores, de personas con iniciativa, talento y deseo de desarrollar nuevas oportunidades e ideas. Es el reflejo de la necesidad de crear nuevas empresas, de generar nuevos puestos de trabajo, de buscar nuevos mercados, de unir personas e ideas, y de promover una sociedad emprendedora como motor del cambio económico y social'. Para ello propone quince medidas en cinco áreas (Educación, Innovación, Financiación, Regulación y Fiscalidad) que servirían 'para dinamizar la economía española, impulsar la iniciativa privada y permitir así la creación de 500.000 empresas en los próximos años'.
Entre las propuestas destacan las vinculadas a la regulación, la fiscalidad y la financiación. En el primer apartado se propone que a las empresas innovadoras de nueva creación se les devuelva mensualmente el IVA que facturan durante los tres primeros años y se les aplique una rebaja en las cuotas que pagan a la Seguridad Social en función de su facturación anual. En materia fiscal apuestan por una bonificación a las plusvalías obtenidas hasta el quinto año de constitución, que tan solo tributarían al 1%, o la instauración de una deducción del 15%, con un límite de 100.000 euros, para aquellos inversores que financien ese tipo de compañías. Respecto a la financiación, los firmantes creen que el grifo del crédito bancario seguirá cerrado por lo que apuestan por otras alternativas, como un fondo de capital riesgo público-privado, en el que participen el ICO, el Banco Europeo de Inversiones o las sociedades de capital riesgo ligadas a las comunidades autónomas.