Este pacto lo hicieron con la Generalitat para poder ofrecer títulos oficiales en base a la experiencia laboral.
Son las primeras patronales en desarrollar el mecanismo de acreditación, indispensable para que la Administración española cumpla con el mandato de la Agenda 2020. Bruselas señaló que en seis años el país debe incrementar las ratios de formación de la población hasta conseguir que casi la mitad de los empleados obtenga un título de educación terciara. Es decir, la equivalente a formación profesional o universitaria.
El mecanismo se basará en analizar de forma individualizada las capacidades de cada trabajador y determinar qué formación complementaria necesita para conseguir la titulación.