Las empresas con menos de diez trabajadores pierden la ayuda de formación.
Los cursos de formación profesional para el empleo estaban subvencionados con 420 euros al año para cualquier empresa o autónomo con trabajadores. Sin embargo, se han cometido varios fraudes, por lo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha puesto en marcha un proyecto de reforma.
Las empresas con menos de 10 trabajadores han perdido la ayuda que se les daba desde el gobierno para la formación gratuita de sus empleados. Hasta el día de hoy las empresas y los autónomos tenían derecho a una subvención de 420 euros en el cual podían realizar un curso de formación al año.
Debido a los fraudes y las malas prácticas el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha propuesto una reforma en el sistema de formación profesional para el empleo, mientras que las patronales no han tomado partido.
Con la reforma en la formación profesional para el empleo tiene como finalidad evitar el fraude y contar con cursos de mayor calidad adaptados a las necesidades de los profesionales y las empresas.
Una de las medidas que tomará el gobierno es perjudicial para las pequeñas y las medianas empresas con menos de diez trabajadores y tendrán que aportar el 5% del coste de formación. Esto antes se aplicaba solo a las grandes empresas, y ahora se ha visto aumentado el porcentaje entre un 10 % y un 40%.
Otra novedad es que estos cursos solo podrán impartirlo academias o entidades de formación profesional inscritas en el registro público estatal que se creará para ello. Las empresas que soliciten este tipo de formación deberán justificar horas, material..., etc.
Existirá una responsabilidad en la que por ambas partes deberán responder a cantidades que ilegalmente se bonifiquen sino existe auditoría o control de calidad previo.
Los fondos presupuestados para este fin llegan a los 2.000 millones de euros al año. La mitad es para cursos de desempleados de la Comunidad Autónoma, unos 850 millones gestionados por la Fundación Tripartita, principal institución en cursos de formación profesional para el empleo y con la participación de sindicatos, empresarios y administración.
Desde ahora, el ministerio quiere pretender el impulso de las prácticas con autónomos para complementar la formación teórica. Las empresas que admitan estas prácticas recibirán una compensación económica.