Se aplicará un cheque de formación y se realizarán cambios en la realización de cursos.
Desde ahora, se pretende que la formación vaya unida al número de nuestra seguridad social.
El sistema de formación profesional consta de realizar a cada trabajador un historial formativo. Se apuesta por cambios en la realización de cursos para desempleados impartiendo de modo online y eliminando cursos a distancia. Además se apuesta por un cheque formación.
La propuesta planteada a los agentes sociales es que se establezca una cuenta de Formación en la que cada ciudadano en edad de trabajar se inscriba con la formación realizada a lo largo de su carrera profesional.
Este nuevo sistema pretende garantizar las acciones formativas mediante el desarrollo de tres instituciones como son la Cuenta de Formación, el Catálogo de Especialidades Formativas, con revisión cada cinco años, y el Registro Estatal de Entidades de Formación.
Para realizar este análisis el SEPE junto con las comunidades autónomas realizará una evaluación cada año y se comunicará al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
Este modelo ofrece un cheque de formación para trabajadores desempleados pudiendo elegir libremente la entidad certificada para su formación.
Se pretende también suprimir cursos a distancia y realizarlos presenciales, online o semi-presenciales.
Las empresas que realizan cursos podrán organizar e impartir directamente la formación de sus trabajadores por sí mismas, si tienen medios. Si por el contrario la formación se realiza a través de una empresa externa la norma establece que la misma entidad no podrá organizar e impartir la formación.
Las empresas también dispondrán de un crédito de formación, dependiendo de la cuantía de la cuota de formación profesional ingresada por cada empresa el año anterior así como del tamaño de la empresa con un mínimo de trabajadores.
Con todo ello se pretende detener el fraude en la gestión de cursos mediante los fondos de formación, y eliminar la mala praxis.
Se establece con todo ello la responsabilidad y el control de todos los participantes bien empleado, desempleado, empresarios, instituciones públicas o privadas. Se crean nuevas leyes para evitar el fraude.
Se crearan nuevas subvenciones y bonificaciones y una nueva institución como la Unidad Especial dependiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.